Oficialmente, cada seis días desaparece una mujer en Guerrero. Y cada cinco se comete un feminicidio. Se trata de niñas, adolescentes y mujeres adultas, estudiantes, madres y profesionistas.
Sin embargo, estas cifras, que parten de las alertas que emite la Fiscalía General de Guerrero que suman 20, en el caso de las desapariciones, son sólo una estimación, porque muchas familias no alcanzan a denunciar por desconocimiento, pobreza o temor.
Y en el caso de los crímenes de mujeres, la Asociación por la Igualdad de hombres y mujeres en Guerrero, ha contabilizado en los primeros 67 días del año (hasta el 8 de marzo), el asesinato de 13 mujeres con tintes de feminicidios, pero las autoridades no han determinado esa clasificación.
A este escenario de dolor y ausencia para las familias se suma el hecho de que los organismos, sistemas, dirección y secretarías destinadas a la prevención, erradicación y sancionar la violencia contra las mujeres tienen poco o nulo presupuesto para operar. Así que las mujeres desaparecidas y asesinadas este año y los anteriores, difícilmente serán localizadas o sus familias recibirán algún tipo de justicia.
Las organizaciones feministas lamentan que no haya fondos y que las organizaciones de la sociedad civil hagan una labor que corresponde al Estado. Para la presidenta de la Red para el Avance Político de Las Mujeres Guerrerenses, Muriel Salinas Díaz, la búsqueda de las mujeres desaparecidas es una responsabilidad del gobierno, pero hay un déficit crítico del presupuesto.
Del total de los recursos federales aprobados por la Cámara de Diputados, menos del 1% fue destinado a la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Es así que ante el panorama de impunidad que permea en el país, las mismas familias son las que buscan a sus desaparecidos en el país. En Guerrero ocurre lo mismo. Salen a las calles, barrancas, terrenos baldíos, lugares montañosos, donde los habitantes cercanos les dicen que no suban, porque en esas zonas grupos criminales los usan como fosas para tirar cuerpos, pero aún así lo hacen. No se detienen. De las familias depende la justicia.
Sin la sociedad civil, añadió Salinas Díaz, no hubiera sido posible la visibilización de la violencia o desaparición de mujeres en la región de la Montaña de Guerrero, por ejemplo. Las organizaciones creadas desde el interior de las universidades, sostuvo, también realizan una labor de conteo que no les corresponde, no es su tarea, pero tampoco alguna autoridad lo hace.
“Estamos en un vacío de información tremendo. Perdemos de vista que el gobierno estatal debe hacer su Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es sexenal. Este debe basarse en un claro diagnóstico sobre esta realidad que refleje a su vez lo que pasa en cada región del estado. ¿Desde cuándo no tenemos en Guerrero un diagnóstico con datos claros sobre mujeres y niñas desaparecidas?, ¿Donde están los datos de Banavim? ¿Qué pasa con la Fiscalía que es a quien le corresponde generar esa información?”, denunció.
En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, en el informe del 11 de abril de este año, expone que, “cada día, 14 personas de entre cero y 17 años se reportaron desaparecidas, no localizadas o localizadas durante 2021.
Desde que se tiene registro, 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas en esta situación, y una de cada cinco de estas personas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 11 de abril de 2022 (16 mil #378 en total)”.
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