La defensa del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio N., presentó una serie de elementos con los que pretende demostrar que el 29 de septiembre de 2014 se encontraba en la Ciudad de México y no en Chilpancingo, donde la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que recibió grabaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante la continuación de la audiencia inicial, los abogados del exmandatario ofrecieron 31 datos de prueba, de los cuales 27 fueron admitidos. El objetivo es evitar que sea vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas y en el presunto ocultamiento o destrucción de evidencias.
La diligencia se llevó a cabo este martes en los juzgados federales de Almoloya de Juárez y comenzó a las 12:47 horas, casi tres horas después del horario establecido. A lo largo de la jornada se decretaron al menos tres recesos mientras las partes debatían sobre los elementos incorporados al expediente.
De acuerdo con la hipótesis de la FGR, la entonces visitadora general del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero habría entregado al exgobernador discos que contenían imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 29 de septiembre de 2014.
La Fiscalía sostiene que la entrega del material ocurrió alrededor de las 20:30 horas, durante una reunión en Palacio de Gobierno. Posteriormente, según la acusación, el exmandatario habría ordenado que las grabaciones fueran ocultadas y destruidas, al considerar que contenían información relacionada con el caso de los estudiantes desaparecidos.
Frente a esta versión, la defensa presentó testimonios y documentos destinados a construir una cronología distinta de las actividades del entonces gobernador. La intención es acreditar que a la hora señalada por la Fiscalía se encontraba fuera de Guerrero.
Uno de los principales testimonios fue el de Felipe Martín Ornelas Rebollo, excoordinador general de Transporte Aéreo del Gobierno de Guerrero, quien aseguró haber acompañado al exgobernador durante un viaje realizado el 29 de septiembre de 2014.
El exfuncionario relató que ambos partieron de Chilpancingo alrededor del mediodía y arribaron a la Ciudad de México aproximadamente a las 15:00 horas. Posteriormente, indicó, el entonces mandatario sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encuentro que habría terminado cerca de las 19:00 horas.
Después de esa reunión, señaló Ornelas Rebollo, el traslado de regreso hacia Guerrero comenzó y el grupo llegó a Casa Guerrero alrededor de las 23:00 horas. Añadió que los desplazamientos y compromisos oficiales del gobernador quedaban registrados en la agenda de su secretaria técnica.
Durante el contrainterrogatorio, los representantes de la FGR pusieron énfasis en la relación que el testigo mantenía con el exmandatario. Ornelas Rebollo reconoció que conocía al entonces gobernador desde 1997.
Otro de los testimonios incorporados correspondió a Jesús Martínez Garnelo, quien se desempeñó como secretario general de Gobierno de Guerrero. Su declaración estuvo enfocada en las actividades desarrolladas entre el 26 y el 30 de septiembre de 2014, periodo marcado por los ataques contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Martínez Garnelo afirmó que el 29 de septiembre atendió asuntos vinculados con la búsqueda de los normalistas, las manifestaciones y la intervención de policías comunitarias. También señaló que al día siguiente participó en una reunión del Grupo de Coordinación Guerrero y aseguró que la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia no asistió a ese encuentro.
Como parte de la estrategia jurídica, los defensores también incorporaron entrevistas con el chofer y otros colaboradores del exgobernador, además de agendas, documentos oficiales, publicaciones en redes sociales, notas informativas y actas correspondientes a reuniones realizadas en los días posteriores a la desaparición de los estudiantes.
La defensa sostiene que estos elementos permiten poner en duda el testimonio de una de las personas que señala al exmandatario y cuestionar la forma en que la FGR desarrolló sus indagatorias. Sus abogados argumentan que la investigación presentó deficiencias y que no se agotaron todas las líneas necesarias para esclarecer los hechos.
En la audiencia también solicitaron consultar un tomo de la carpeta de investigación donde, según expusieron, un especialista habría establecido que no era posible recuperar o reproducir las grabaciones correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los abogados señalaron además que las primeras entrevistas integradas al expediente no permiten identificar con certeza a las personas que supuestamente aparecen en los videos ni acreditar que correspondan a estudiantes de Ayotzinapa.
Por su parte, la FGR objetó distintos elementos al considerar que algunos eran repetitivos, excesivos o presentaban inconsistencias técnicas. Los representantes de las familias de los normalistas también pidieron a la defensa precisar la naturaleza de los elementos aportados y delimitar con claridad la teoría del caso.
El exgobernador permanece recluido bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano. Una vez que termine el análisis y debate de los elementos presentados por ambas partes, corresponderá al juez determinar si existen condiciones para vincularlo a proceso por su probable participación en el ocultamiento y destrucción de las grabaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
