La propuesta para revisar y, en su caso, retirar de espacios públicos los nombres de personajes señalados por actos de represión no consiguió el respaldo necesario en el Congreso de Guerrero.
Durante una sesión de la Comisión Permanente, la mayoría de los legisladores rechazó que el planteamiento fuera considerado de urgente y obvia resolución, por lo que el asunto fue enviado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis.
La iniciativa fue promovida por la diputada de Morena, Marisol Bazán Fernández, quien propuso solicitar a los ayuntamientos un informe detallado sobre la nomenclatura vigente en calles, escuelas, vialidades y demás espacios públicos.
El planteamiento establecía un plazo de hasta 30 días hábiles para que los municipios entregaran los antecedentes y fundamentos jurídicos que sustentaron la asignación de esos nombres. También se pretendía conocer si las autoridades locales requieren modificar, actualizar o armonizar sus reglamentos en materia de nomenclatura.
Bazán Fernández sostuvo que los espacios públicos han servido durante décadas para mantener en la memoria colectiva a figuras que ocuparon posiciones de poder, aunque no todas las personas reconocidas mediante calles, escuelas o sitios públicos cuentan con un historial libre de cuestionamientos.
Ante ello, la legisladora planteó la necesidad de revisar bajo qué criterios se decide quién merece permanecer de manera permanente en la memoria pública y qué antecedentes deben tomarse en cuenta para esas designaciones.
Como sustento de su propuesta, mencionó la recomendación 98/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), relacionada con violaciones graves a los derechos humanos. El documento contempla revisar la nomenclatura de calles, escuelas y espacios públicos asociados con personas señaladas como responsables de esos hechos, como parte de acciones de reconocimiento y reparación.
La intención de la iniciativa era integrar primero un diagnóstico estatal con información proporcionada directamente por los municipios y, a partir de esos datos, permitir que el Congreso determinara si existen casos que ameriten cambios en la nomenclatura.
Pese a estos argumentos, la Comisión Permanente no aprobó darle trámite urgente al planteamiento, por lo que ahora deberá ser analizado en la comisión correspondiente antes de que pueda avanzar hacia una eventual discusión legislativa.
Entre quienes respaldaron la propuesta estuvieron los diputados morenistas Carlos Bello, Héctor Basurto, Catalina Apolinar y Glafira Meraza.
En contraste, votaron en contra los priístas Pilar Vadillo y Jesús Parra, la panista María Irene Montiel y el diputado del Partido del Trabajo, Edgar Ventura de la Cruz.
También rechazaron el planteamiento los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, Obdulia Naranjo y Alejandro Carabias, así como Erika Lührs Cortés, de Movimiento Ciudadano.
La discusión ocurre en medio del respaldo que Bazán Fernández y víctimas de la llamada Guerra Sucia han expresado a favor de retirar de calles, escuelas y otros espacios públicos los nombres de exgobernantes señalados por graves violaciones a los derechos humanos.
