Autoridades comunitarias y habitantes del ejido Buenavista, en el municipio de San Luis Acatlán, mantienen retenido al presidente municipal Adair Hernández Martínez desde la noche del viernes 13 de marzo, luego de acusarlo de presunto desvío de recursos públicos y abuso de autoridad.
Mediante un pronunciamiento, los pobladores señalaron que la decisión de retener al edil fue tomada en asamblea comunitaria, tras denunciar el incumplimiento en la entrega de recursos provenientes del Ramo 33, los cuales, afirmaron, deben destinarse directamente a las comunidades indígenas del municipio.
De acuerdo con el documento difundido por los inconformes, para el ejercicio fiscal 2026 el municipio recibió más de 236 millones de pesos, recursos que, aseguran, deberían aplicarse en obras y servicios básicos como salud, educación, agua potable, caminos y pavimentación en las localidades de la región.
No obstante, señalaron que el alcalde argumentó una presunta reducción presupuestal y responsabilizó a instancias estatales y federales de la distribución de dichos fondos, deslindando al gobierno municipal. Esta explicación fue rechazada por las comunidades, que consideran que el ayuntamiento busca evadir su responsabilidad en la aplicación de los recursos.
Los habitantes también denunciaron que diversas comunidades continúan sin acceso a servicios básicos, mientras que instituciones educativas como la Preparatoria Popular del Ejido Buenavista y la escuela primaria de la localidad operan en condiciones precarias, con instalaciones deterioradas y falta de espacios adecuados para atender a los estudiantes.
Asimismo, señalaron posibles irregularidades en la ejecución de obra pública, al afirmar que algunos proyectos reportados por el ayuntamiento se limitan a reparaciones menores de tramos carreteros, pese a que se habrían justificado con presupuestos de gran magnitud.
En el mismo pronunciamiento, los pobladores acusaron al presidente municipal de haber emitido advertencias que interpretaron como intimidación, luego de que presuntamente señalara que “toda acción tiene una reacción”, en respuesta a las demandas de las comunidades.
Ante este escenario, los inconformes solicitaron la intervención directa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien pidieron acudir personalmente a la zona para establecer un diálogo con las comunidades y garantizar que los recursos públicos sean entregados y administrados a través de comités comunitarios.
