La Ley contra la Desaparición Forzada de Personas en Guerrero fue aprobada por unanimidad sin la presencia de los colectivos de madres buscadoras, decisión que el Congreso estatal justificó al señalar que buscó evitar un retraso de hasta un mes en la aprobación del dictamen.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Joaquín Badillo Escamilla, explicó que convocar formalmente a todos los colectivos que integran familiares de personas desaparecidas habría prolongado el proceso legislativo, por lo que se optó por sacar adelante la iniciativa durante la sesión extraordinaria celebrada el pasado 16 de julio.
La ausencia de las organizaciones fue uno de los aspectos más señalados tras la aprobación de la nueva legislación, ya que representantes de colectivos de las ocho regiones de Guerrero manifestaron posteriormente su inconformidad durante una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, celebrada en la residencia oficial Casa Guerrero.
Pese al descontento por la forma en que se desarrolló el proceso, los familiares de personas desaparecidas reconocieron como un avance que la nueva legislación contemple un presupuesto de al menos 45 millones de pesos para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEBP), además de la creación de un instituto especializado para procesar la información genética de cuerpos que permanecen en resguardo del Servicio Médico Forense (Semefo).
No obstante, agrupaciones como Lupita Rodríguez, Guerrero No Más Desaparecidos y Memoria, Verdad y Justicia señalaron que aún desconocen el contenido definitivo de la norma, por lo que permanecerán a la espera de su publicación en el Periódico Oficial del Estado para analizar los alcances de la legislación aprobada.
Ante los cuestionamientos, Badillo Escamilla sostuvo que el Poder Legislativo dio prioridad a concluir el procedimiento sin contratiempos y evitar cualquier circunstancia que retrasara la entrada en vigor de una ley que durante años fue impulsada por las familias de personas desaparecidas.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena afirmó que el objetivo fue garantizar que el dictamen avanzara dentro del periodo previsto, evitando que la distribución de invitaciones o aspectos de carácter administrativo aplazaran la discusión por varias semanas.
“No quisimos correr ningún riesgo, como el hecho de que la distribución de las invitaciones formales provocara que este asunto se postergara”, expresó el legislador.
Finalmente, el presidente de la Jucopo reconoció que fueron los propios colectivos de búsqueda quienes durante años impulsaron la creación de esta legislación, mientras que el Congreso actuó como la instancia encargada de concretar el proceso legislativo. Agregó que, para construir la iniciativa, se realizaron más de 200 reuniones de trabajo, en las que también tuvo una participación relevante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.
