El Congreso del Estado de Guerrero resolvió desechar la solicitud de juicio político promovida en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, al considerar que no existen elementos legales suficientes para sustentar un procedimiento de carácter político relacionado con laudos laborales pendientes.
Durante la sesión legislativa, diputados locales determinaron que los adeudos reclamados corresponden a conflictos heredados de administraciones municipales anteriores, por lo que no se acreditó responsabilidad directa de la actual presidenta municipal en los hechos señalados.
La resolución fue avalada por el pleno con 35 votos a favor y una abstención, luego de que la Comisión de Examen Previo emitiera un dictamen en el que concluyó que las acusaciones presentadas no encuadran en las causales necesarias para iniciar un juicio político.
La denuncia había sido interpuesta por Carmelo Loza Hernández, representante legal de 19 extrabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, quienes exigen el pago de presuntos adeudos derivados de laudos laborales que superan los 177 millones de pesos.
En el análisis realizado por el Poder Legislativo se precisó que dichos conflictos laborales se originaron en gobiernos municipales previos a la administración encabezada por Abelina López Rodríguez, y que los procesos legales llevan varios años en litigio.
Los legisladores subrayaron que el caso debe resolverse exclusivamente por la vía laboral, ya que corresponde a los tribunales competentes determinar el cumplimiento de los laudos y no al Congreso del Estado intervenir mediante un procedimiento político.
El expediente, identificado con el número HCEG/LXIV/CEP/010/2025, fue integrado desde el año pasado y retomado posteriormente para su revisión en esta etapa legislativa, concluyendo finalmente con su desechamiento definitivo.
Con esta determinación, el Congreso cerró formalmente la posibilidad de continuar con el trámite político contra la alcaldesa de Acapulco, al ratificar la improcedencia de la solicitud presentada.
Dentro de los antecedentes del caso, se menciona que el exdiputado Ramiro Solorio Almazán ha promovido anteriormente otros recursos contra la presidenta municipal, entre ellos solicitudes de revocación de mandato y señalamientos administrativos y laborales, los cuales tampoco prosperaron en el Poder Legislativo.
Pese a la resolución emitida por el Congreso, los extrabajadores mantienen vigente su derecho de reclamar el cumplimiento de las resoluciones laborales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, así como en instancias federales conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
