Ocho trabajadores del Congreso de Guerrero son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su posible participación en el cobro de 51 cheques, por lo que el Ministerio Público solicitó al Poder Legislativo información laboral, bancaria y administrativa relacionada con los pagos.
A través de un requerimiento oficial, la Unidad de Atención Temprana 3 de la FGE pidió información sobre Esli Joanan Navarrete Cisneros, Héctor Áviles Cruz, Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo Hernández, Erick Chaves Medina, Alex Cepeco Justo, Jorge Antonio Solís Ocaña y Samir Robles Estrada.
Entre los datos solicitados se encuentra la confirmación de si los ocho señalados son o fueron empleados del Congreso, las áreas en las que estuvieron asignados, sus horarios de trabajo y los expedientes laborales correspondientes. La Fiscalía también requirió cualquier otro elemento que permita establecer el vínculo de estas personas con el Poder Legislativo.
La investigación incluye además movimientos relacionados con una cuenta bancaria del Congreso de Guerrero y diversos cheques emitidos durante los primeros meses de 2026. La autoridad busca establecer quién autorizó la expedición de los documentos, cuál fue el motivo de cada pago, quién realizó los cobros y quiénes firmaron como responsables de recibir los recursos.
Otro de los puntos que pretende esclarecer la carpeta es si entre el 1 de enero y el 9 de junio de este año fueron emitidos más cheques a nombre de la diputada de Morena, Guadalupe García Villalva, que posteriormente hayan sido cobrados por alguno de los ocho trabajadores mencionados en el requerimiento.
Con esta información, la FGE integra una carpeta por posibles delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documento, fraude y peculado, presuntamente cometidos en agravio de García Villalva.
Para avanzar con las indagatorias, la Fiscalía estableció un plazo de tres días hábiles para que el Congreso estatal entregue la información requerida, junto con las copias certificadas de los documentos solicitados.
Hasta este 9 de septiembre, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Joaquín Badillo Escamilla, no había emitido una postura pública sobre la investigación. Su antecesor, Jesús Uriostegui García, tampoco se ha pronunciado al respecto y no acudió a la sesión ordinaria celebrada este miércoles.
