El gobierno de Guerrero deberá avanzar en la creación de una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y conductas relacionadas, luego de que un juzgado federal concedió un amparo promovido por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
La resolución fue emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, que acreditó la omisión de autoridades estatales, entre ellas el Poder Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado y el Congreso local, para cumplir con la obligación establecida en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
De acuerdo con la sentencia, ninguna de las instancias señaladas logró demostrar que existiera un impedimento jurídico o presupuestal que justificara la falta de creación de esta Fiscalía especializada.
El caso surgió a partir de un litigio estratégico encabezado por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del IFDP, en representación de una mujer que denunció haber sido víctima de tortura en 2021, cuando se encontraba en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, en Iguala.
Los hechos denunciados también incluyen el traslado de la mujer al Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, así como presuntas agresiones ocurridas posteriormente en ese centro penitenciario.
Además de cuestionar la falta de una Fiscalía especializada, la demanda señaló que la investigación iniciada por estos hechos no había tenido continuidad ni se había desarrollado de manera exhaustiva para esclarecer la posible comisión del delito de tortura.
Como parte de las medidas ordenadas, el juzgado instruyó a la autoridad ministerial encargada del caso a retomar la carpeta de investigación y darle seguimiento de manera pronta y expedita.
Para el IFDP, el fallo representa un reconocimiento al derecho de las víctimas de tortura a contar con investigaciones serias, efectivas e imparciales, además de mecanismos que permitan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
El organismo consideró que la resolución abre una oportunidad para fortalecer las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la tortura en Guerrero, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 de la legislación general en la materia.
La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura dará seguimiento al cumplimiento de la sentencia y al desarrollo de la investigación, con la finalidad de contribuir a garantizar a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral.
