La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) enfrenta una de las principales problemáticas que afectan el suministro del servicio: el robo de agua mediante tomas clandestinas. De acuerdo con el director del organismo, Antonio Rojas Marcial, esta práctica representa una pérdida superior a los 800 litros de agua por segundo, debido a miles de metros de manguera conectados de manera ilegal a la red de distribución y a los tanques de almacenamiento.
Actualmente, CAPAMA produce cerca de cuatro mil litros de agua por segundo a través de los sistemas de captación Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec; sin embargo, una quinta parte del volumen se pierde por conexiones irregulares instaladas principalmente en asentamientos ubicados en las zonas altas del puerto.
Uno de los casos más evidentes se localiza en la colonia Clemencia Figueroa, en la zona poniente de Acapulco, donde extensas líneas de manguera permanecen conectadas clandestinamente a la infraestructura hidráulica para abastecer a decenas de viviendas sin contrato formal con el organismo operador.
Habitantes del lugar reconocieron que recurren a estas conexiones debido a la falta de regularización del servicio. Martha Julia Escalante explicó que los vecinos están dispuestos a incorporarse legalmente al padrón de usuarios y pagar sus recibos, siempre que CAPAMA les otorgue una conexión oficial. “Estamos dispuestos a regularizarnos, pero hasta ahora solo hemos recibido promesas. Sabemos que el suministro podría cambiar, pero queremos contar con un servicio legal”, expresó.
Los colonos aseguraron que en diversas ocasiones han acudido a las oficinas de la paramunicipal para solicitar la contratación del servicio, sin obtener una respuesta definitiva. Consideraron que formalizar estas conexiones no solo brindaría certeza a las familias, sino que también representaría mayores ingresos para la dependencia, que atraviesa por una complicada situación financiera.
Finalmente, los vecinos reiteraron su disposición para regularizar el abastecimiento de agua potable, al considerar que una solución legal beneficiaría tanto a la comunidad como al propio organismo operador del servicio.
