La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó las cuentas bancarias de Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), como parte de investigaciones de carácter federal. La organización calificó la medida como un acto de criminalización en contra de su movimiento y de las acciones de defensa que, aseguran, han emprendido frente a la violencia en la región.
Mediante un comunicado difundido la noche del sábado, el CIPOG-EZ informó que su dirigente fue notificado sobre la inmovilización de sus recursos financieros, derivada de indagatorias realizadas por autoridades federales. Hasta el momento, la UIF no ha emitido una postura pública sobre el caso.
La organización destacó que esta acción ocurre a menos de dos meses de que Jesús Plácido Galindo denunciara públicamente la incursión del grupo delictivo conocido como Los Ardillos en las comunidades de Tula, Alcahuehuetlán y Xicotlán, hechos que provocaron el desplazamiento de cientos de familias que aún no han podido regresar a sus hogares.
Además de los desplazamientos forzados, el CIPOG-EZ recordó que esos ataques dejaron un saldo de ocho personas asesinadas, así como daños en viviendas, vehículos, cosechas y animales, situación que, afirmaron, evidenció la crisis de seguridad que enfrentan las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero.
En el pronunciamiento, la organización sostuvo que las denuncias realizadas por Plácido Galindo permitieron visibilizar a nivel nacional e internacional la problemática que viven los pueblos indígenas, al señalar presuntas omisiones y complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno frente a los hechos de violencia.
El CIPOG-EZ insistió en que el bloqueo de las cuentas representa una represalia contra su dirigente, al asegurar que su labor ha estado enfocada en acompañar y defender a las comunidades afectadas por la presencia de grupos criminales. “Su único delito ha sido defender la vida, la dignidad y el derecho de nuestros pueblos a existir con justicia en nuestro propio territorio”, expuso la organización.
Asimismo, acusó que la inmovilización de los recursos busca obstaculizar el trabajo que realiza en las comunidades indígenas y sostuvo que las aportaciones depositadas en la cuenta de Plácido Galindo provenían de contribuciones solidarias destinadas a mantener las actividades de acompañamiento en la región.
Finalmente, el CIPOG-EZ afirmó que, desde su creación, 84 integrantes de la organización han sido asesinados y otros 25 permanecen desaparecidos. En el mismo comunicado responsabilizó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, por cualquier agresión que pudiera sufrir Jesús Plácido Galindo.
