Un grupo de 29 elementos de seguridad, integrado por 16 militares y 13 policías estatales, fue liberado luego de permanecer alrededor de cuatro horas retenido por habitantes de Quechultenango, Guerrero, en medio de una jornada de tensión por la presencia de fuerzas de seguridad en la localidad.
Los hechos comenzaron cuando los elementos arribaron al municipio para realizar recorridos de vigilancia. La presencia de los uniformados generó una movilización de pobladores, algunos de ellos encapuchados y armados con palos y machetes, quienes posteriormente retuvieron a los efectivos y protagonizaron enfrentamientos con las autoridades.
Durante la protesta, los agentes fueron llevados al gimnasio de la localidad, mientras que un grupo de habitantes lanzó piedras contra el inmueble. Además, se reportó la quema de patrullas y el bloqueo de algunos accesos para impedir el ingreso de más elementos de seguridad.
Liberan a los 29 elementos
Después de varias horas de negociaciones, los 29 policías y militares fueron liberados alrededor de las 18:00 horas, tras la intervención de autoridades estatales y del presidente municipal de Quechultenango, David Astudillo Morales.
La salida de los efectivos ocurrió bajo un fuerte despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, cuyos elementos ingresaron al hospital IMSS-Bienestar para acompañar a los uniformados y posteriormente escoltarlos fuera de la localidad.
Al momento de la liberación, cientos de habitantes permanecían movilizados en diferentes calles de Quechultenango, mientras las fuerzas de seguridad mantenían presencia en la zona para garantizar la salida de los elementos.
A la localidad acudieron el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros; el secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel Antonio Ledesma Osuna, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León.
Los funcionarios sostuvieron un encuentro con el alcalde David Astudillo Morales, como parte de las acciones emprendidas para alcanzar un acuerdo que permitiera la liberación de los elementos. El gobierno estatal confirmó posteriormente que los 29 efectivos habían sido puestos en libertad.
Tras los acontecimientos, Francisco Rodríguez Cisneros rechazó que la presencia de las fuerzas de seguridad obedeciera a un operativo especial en el denominado Circuito Río Azul.
El funcionario explicó que los elementos realizaban un recorrido habitual y aseguró que tanto los alcaldes de Quechultenango y Mochitlán tenían conocimiento de estas actividades.
La zona donde ocurrieron los hechos registra presencia del grupo criminal Los Ardillos, señalado por fuentes de seguridad por actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y secuestro.
La movilización de los habitantes también ocurre dos semanas después del asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en esta región, situación que algunos testigos relacionaron con la reacción de los pobladores ante la presencia de las fuerzas federales.
